La FEUU ante rendición de cuentas

Comunicación y Propaganda
Compartimos la declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay de cara a la rendición de cuentas.

Montevideo, 13 de Junio de 2016

Ante el mensaje del Poder Ejecutivo de cara a la rendición de cuentas la FEUU declara:

El capitalismo en su fase superior, el imperialismo, tiene en las últimas cuatro décadas, un ciclo constante de crisis y ajustes. El capital con el fin de mejorar su rentabilidad busca desvalorizar la fuerza de trabajo y privatizar sectores que tradicionalmente eran bienes públicos. La coyuntura que vivió nuestro país y la región, explicada por el alza de los precios internacionales de las materias primas, principalmente por la gran demanda de China, y la afluencia de capitales, permitió algunos guarismos positivos, y el aumento del gasto social por parte del Estado. Pero, la excepcional década dejó el paso a la normalidad, y desde varios lugares se impone una discusión acerca de la crisis.

El esquema general que atraviesa a toda nuestra América Latina da cuenta del final de los años de “bonanza” iniciados en 2003-2004. Haciéndose más evidente que las ganancias extraordinarias provenientes de los elevados precios de las materias primas, motor del crecimiento del PBI en todos los países de la región no beneficiaron a las masas trabajadoras y al desarrollo de la economía nacional. Utilizándose para impulsar un proceso de modernización del capitalismo, para remachar la dependencia, para afirmar la dominación del capital.

Frente a la crisis, el capital busca disminuir la pérdida de ganancia y la contradicción que se plantea a la hora de dónde hacer recaer la misma es entre capital y trabajo. Presentar la discusión entre “los que tienen más” y “los que tienen menos” es una acción diversionista que busca camuflar los intereses del capital. En nuestro país, ya durante el 2015 ante la baja del nivel de inversión y del precio de las materias primas, y el inicio de la desaceleración económica se instalo el discurso de “no perder competitividad” a nivel internacional y “mantener el crecimiento”. Estos son conceptos que la burguesía utiliza cuando busca incrementar la extracción de plusvalía absoluta, bajando el precio de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios. El primer paso del gobierno para ello fue en 2015 al proponer desindexar los salarios, es decir, aumentarlos por debajo de la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. La segunda acción clave fue el presupuesto nacional, votado sólo para medio período de gobierno, con promesas de que en 2017 se “reajustará” para alcanzar lo que se prometió en la campaña electoral (como el 6% del PBI para la educación). Pero en los hechos el nuevo presupuesto significa una reducción de la inversión pública.

Durante el tratamiento del presupuesto en el parlamento se simuló una discusión sobre el destino de un remanente de fondos, que se presentó como una definición de prioridades sociales, buscando mostrar que hay sectores del partido de gobierno que plantean los intereses de los trabajadores. Sin embargo, el presupuesto fue votado sin mayores modificaciones, y en el mismo se plasmó la política del gobierno del Frente Amplio en favor del capital, manteniendo incambiada la estructura de financiamiento del Estado, con sus exoneraciones fiscales a las zonas francas, los terratenientes y la inversión extranjera.

Sobre el fin de año y el comienzo de 2016 se avanzó decididamente sobre la clase trabajadora uruguaya:

  • Acorde a los convenios colectivos de cada sector, el aumento salarial de cada año que comienza se empieza a cobrar a partir de enero (o sea primeros días de febrero) y el monto del aumento se fija en función de la inflación con que cierra el año anterior, es decir a su valor al mes de diciembre.
  • El valor “oficial” de la inflación se calcula tomando una serie de productos y servicios. Ocurrieron dos cosas, por un lado se mantuvieron las tarifas de los servicios públicos congeladas hasta diciembre, e incluso la que mayor incidencia tiene tanto en la gente como en el costo de producción de bienes de consumo, la tarifa eléctrica sufrió una rebaja momentánea a través del programa “UTE premia”.
  • Se contuvo el valor de dólar con respecto al peso uruguayo y se evitó la suba de su cotización. Como el valor real del dólar depende del mercado internacional, el gobierno lo mantuvo en menos de 30 pesos de manera artificial, es decir gastando el propio Estado dólares para generar una sobredemanda y que el precio no suba. Para esto el gobierno gastó más de 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales.
  • El valor del dólar incide de manera directa en la inflación porque al ser Uruguay un país primarizado, la mayoría de los bienes de consumo son importados y por lo tanto deben comprarse en el exterior en dólares.
  • Con esto la inflación de diciembre fue de 9,44%, logrando evitar que supere el 10% que era el objetivo del gobierno ya que este valor suele ser un valor límite a la hora de aplicar correctivos para el alza de salarios.
  • Una vez llegado el 2016, los primeros días de enero se decretó un aumento en las tarifas de los servicios públicos que ronda el 10%, se dejó de actuar sobre la cotización del dólar y su valor en 3 semanas sobrepasó los 31 pesos. Por lo que la inflación y en definitiva el costo de vida en el país subió. Lo salarios en cambio fueron ajustados con una inflación menor a la real, fruto de las medidas antes descritas.
  • De esta manera se abarata para el capital el valor de la mano de obra uruguaya. Esto significa una pérdida de salario real y de la masa salarial en el total del ingreso nacional, es decir, de la parte de la torta que es apropiada por los trabajadores. Se acentúa así la desigualdad en el reparto entre el capital y el trabajo. Quienes viven de pensiones o jubilaciones también verán sus ingresos estancados, ya que éstos se ajustan en función de la evolución de los salarios. Pequeños comerciantes, vendedores informales, productores nacionales y todos aquellos que vendan mercancías cuyo destino sea el consumo de los trabajadores probablemente verán que sus ingresos bajan al descender la capacidad de compra de los trabajadores.

Pero la suba de las tarifas públicas, en particular la de la energía eléctrica, implica también mayores costos para la producción. En este marco, el 18 de enero los productores agropecuarios, con el apoyo de la Federación Rural y la Asociación Rural realizaron una movilización en todo el país. En menos de una sernana el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió exonerar el pago de IVA a una serie de insumos para el Agro.

Por otra parte, a fines de diciembre se firmó un decreto en el que el poder Ejecutivo autorizó a UTE a otorgar un tratamiento especial a las empresas que hacen un uso intensivo de energía, que podría consistir en un descuento de hasta 50% de su consumo energético.

A fines de enero se conocieron los resultados de la sexta ronda de negociaciones de los consejos de salarios. Del informe del Ministerio de Trabajo se desprende que de los 9 casos donde no existía acuerdo entre trabajadores y patrones, el gobierno votó en todos ellos junto con las cámaras empresariales.

El mensaje del Poder Ejecutivo para la rendición de cuentas profundiza la política de ajuste, aumentando por un lado los impuestos al salario y por otro reduciendo del presupuesto ya aprobado, 455 millones en salud, 200 millones de pesos en el INAU y 1437 millones de pesos en educación. De estos últimos, 544 millones correspondientes a UdelaR.

Con el intento de paliar el rechazo que estas medidas ocasionan en los sectores populares, se suma al rnensaje la rebaja de dos puntos del IVA, pero que sólo se efectiviza mediante compras electrónicas. En general las familias de bajos ingresos y el 25% de los trabajadores no registrados no tienen plásticos, por lo que no obtendrán ninguna reducción del IVA. La llamada “Inclusión Financiera” es un eufemismo para expresar el alto incremento de los ingresos de la banca, y particularmente de la banca privada que al día de hoy se encuentra completamente extranjerizada.

Teniendo en cuenta que los montos otorgados en la Ley de Presupuesto votada en 2015 eran ya muy inferiores al pedido universitario, y entendiendo que el mismo fue elaborado estrictamente sobre la base de los compromisos asumidos públicamente por el gobierno nacional de 6% del PBI para la educación y 1% para la investigación e innovación; la actual propuesta de postergación de los incrementos genera una gran incertidumbre. En particular, imposibilita la concreción de las reivindicaciones planteadas por la FEUU en política de becas, acceso y educación de calidad.

Ante esta situación, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay declara:
  • Su rechazo de forma enfática a las medidas de ajuste que vienen siendo implementadas desde el gobierno. Estas medidas tienen como consecuencia la pérdida salarial de nuestro pueblo y un gran recorte al presupuesto de salud y educación por parte del Estado.
  • Su compromiso en la promoción de la discusión en todos los ámbitos en que la FEUU participa: en la Universidad, en la intergremial universitaria, en la coordinación del movimiento estudiantil, en la CSEU y demás, buscando llegar a acuerdos para dar de manera unitaria una respuesta en la calle a las políticas del gobierno.
  • Su compromiso en la promoción de asambleas, talleres y diferentes instancias en los Centros de Estudiantes, a fin de que se discuta la situación y se busque divulgar la gravedad de la misma entre el estudiantado.
  • La promoción en el mes de agosto, antes del día de los mártires estudiantiles, de una gran marcha que rechace la política de ajuste, y en particular los grandes recortes que se están haciendo en materia de educación y salud.

Por todo lo que nos une
ASCEEP-FEUU