Declaración Pública frente al aumento de tasas del IRPF – Lista 41

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La crisis no la deben pagar los trabajadores

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) es una medida que tendrá un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora en dos sentidos: 1) la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades; 2) la discriminación que significa que se grave a los trabajadores y no aumenten las tasas impositivas que paga el Capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio y se mantenga la política de exoneraciones a los grandes inversores. En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del Estado porque existe un compromiso del Gobierno de no aumentarle los impuestos.

En 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales, en realidad se disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios que en 2015 recaudó 35 mil millones de pesos, mientras que el IRPF al Capital solamente pagó 6 mil millones de pesos. Incluso el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas paga menos que el IRPF al Trabajo (34 mil millones).

La justa consigna “que pague más el que tiene más” se transformó en la injusta realidad que “pague más el trabajador que gane más”. En efecto, por  el Impuesto al Patrimonio (riqueza acumulada) se pagó en 2015 solamente 605 millones de pesos. Ahora, nuevamente, la carga cae sobre los trabajadores  y no sobre los empresarios.

Dicen voceros del Gobierno que se aumenta un impuesto a las ganancias, lo que es absolutamente falso dado que los salarios son solamente el precio de la fuerza de Trabajo. Las ganancias se calculan descontando a los ingresos los costos incurridos en la producción de lo que se vende, esto claramente no es el caso de los trabajadores.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi 485 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo  no imponible. La afirmación de que el 70% no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

El aumento de las tasas a los ingresos del Trabajo se aplica a partir de la franja que comienza en $ 33.401 a $ 50.100 con un incremento de 3 puntos pasando de 15% a 18%, también aumenta 3 puntos la franja siguiente que llega hasta los $ 167.000. Las tres franjas superiores aumentan 4 puntos pasando de: 22 a 26% ($ 167.000 a $ 250.500); 25 a 29% ($ 250.501 a $384.000); 30 a 34% (más de $ 384.000).

Esta medida anti-salarial se suma al congelamiento del salario de los funcionarios públicos y a la pérdida que ya impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación (9,02%) que había en ese momento, julio del año pasado, y mucho menor que la inflación anualizada de este año que llegó al 10,6%.

El ajuste también afecta a los pasivos que pagan el IASS, los que tendrán un incremento de 3 puntos en la franja que va de $ 50.101 a $ 167.000 y un incremento de 4 puntos en los que reciban más de $ 167.000.

Las medidas de ajuste que toma el Gobierno se suman a las pérdidas de poder adquisitivo que ya tuvieron los trabajadores y pasivos con el  aumento de tarifas por encima de la inflación que se produjo en  enero de este año.

Esto se agrava con la aplicación de medidas como la postergación y el recorte de la inversión pública, la no reposición de la totalidad de  las vacantes  en el Estado que suponen lisa y llanamente un achique del mismo,  y la contracción monetaria que están generando un proceso contractivo que afectará el nivel de actividad con sus lógicas consecuencias en los niveles de empleo e ingreso de los trabajadores.

La lucha distributiva que generan los procesos inflacionarios genera una espiral precios- salarios que tiene a los trabajadores encadenados a la pauta salarial nominal mientras que los precios aumentan significativamente sin que se apliquen controles efectivos para reducirlos.

Las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo para controlar la inflación: por un lado, el seguimiento de los precios informando a la población y, por otro, controlar los niveles de competencia entre las empresas son absolutamente irrelevantes. Todos sabemos que el mercado nacional es muy pequeño y que en muchos bienes  existe una sola empresa productora y/o importadora, o un pequeño conjunto de empresas que acuerdan una división del mercado, para no competir por precios.

El reclamo permanente que ha realizado el movimiento sindical pidiendo el control de precios, sigue siendo rechazado por el gobierno, salvo en el precio de la fuerza de trabajo que controla fuertemente con una pauta salarial nominal que es independiente de cual sea el incremento del Índice de Precios al Consumo.

La cláusula gatillo, por otra parte, se aplicaría cuando la inflación supere el 12% anual, lo que demuestra claramente que el gobierno asume que la inflación puede superar con alta probabilidad el 10% que accionaba el “gatillo” en convenios anteriores.

Las pérdidas de salario real generadas por las medidas señaladas se incrementarán significativamente con el aumento de la tasas de  IRPF en las llamadas “franjas superiores”. Aquellos trabajadores que tengan un ingreso superior a los $ 33.400, que no obtuvieron aumentos salariales este año tendrán una pérdida del salario real y aquellos que, producto de la negociación y la lucha, tuvieron algún incremento, el mismo se verá absorbido por estas medidas anunciadas hoy por el Poder Ejecutivo.

En resumen, el ajuste fiscal y monetario contractivo es contrario a los intereses de los trabajadores – activos  y pasivos – que nuevamente son la variable de ajuste de la economía e inexorablemente perderán poder adquisitivo y calidad de vida lo que provocará una  agudización de la lucha de clases.

En estas condiciones se hace imprescindible acumular fuerzas para que en la disputa por la hegemonía se imponga el Trabajo sobre el Capital. Lo que está en juego es: que se consoliden las actuales políticas económicas o abrir e implementar una agenda de transformaciones profundas en el país. Lo cual, en lo inmediato, pasa por la utilización de todos los instrumentos de la política económica para llevar adelante un programa de acción contracíclico lo que, entre otros aspectos,  implica:  un sustancial aumento de la inversión pública, utilizando parte de las reservas; modificar la pauta salarial y dejar de lado el aumento del IRPF; incrementar el impuesto a la Renta y al Patrimonio de los capitalistas y eliminar las exoneraciones tributarias al gran Capital para mantener el gasto público social; todo lo cual recaerá en un aumento del nivel de actividad y el consecuente aumento de la recaudación.

En el contexto de una situación económica mundial negativa, los sindicatos que nos agrupamos en el espacio de la lista 41 del PIT CNT entendemos necesario que el movimiento sindical en su conjunto debe profundizar el plan de acción, para que el Gobierno decida si realiza una política contracíclica favorable a los intereses de los trabajadores y el pueblo o,  por el contrario, continúa con una regresión de derecha que se expresa en el actual ajuste fiscal y monetario que es igual al que aplicaban los partidos tradicionales: gravar al Trabajo  y exonerar al Capital.

LISTA 41 PIT – CNT