No rendirse ante las cuentas

Prensa y Propaganda
Compartimos artículo de Martín Sanguinetti publicado orignalmente en ZUR
Las medidas anunciadas por el ministro Astori para la rendición de cuentas que el poder ejecutivo debe ingresar antes del 30 de junio, se enmarcan en otras que el gobierno ya viene tomando desde principios del pasado año, en un contexto de desaceleración económica.

Rememorando el corto plazo

A pocos meses de instaurado el nuevo gobierno, más precisamente en mayo del pasado año, el poder ejecutivo envió las pautas para el armado de los presupuestos quinquenales de las empresas públicas. Allí se preveían varios ajustes y restricciones económicas, entre las que se destacan la reducción de personal -eliminando vacantes existentes-, reducción de horas extras, reducción de bienes y servicios para su funcionamiento, reducción de gastos en propaganda y restricción de las inversiones.

A fines de junio, se dieron a conocer las pautas para las sexta ronda de consejos de salarios del sector privado. Estas cambiaron radicalmente el criterio en relación a las pautas anteriores. Ahora el aumento de salario no tiene en cuenta lo que pase con la inflación, y categoriza los aumentos según la dinámica que tuvo el sector en que el trabajadores se encuentren. Es sabido, que la inflación será mayor que los aumentos para la mayoría de los trabajadores, por lo que, es más que probable que el salario real se deteriore en los próximos dos años -momento que está previsto un ajuste-.

Luego a fines de agosto, vinieron las rondas de consejos de salarios para el sector público, sector que sí seguirá ajustando anualmente por inflación, pero que no percibirá aumentos de salario real, con excepción de algunos sectores como la educación, que recibirá un magro aumento en relación a las promesas y las necesidades del sistema educativo.

La ley de presupuesto permitió conocer en su globalidad el plan económico del gobierno. Partiendo del diagnóstico que la economía se enlentece para los próximos años y que el déficit fiscal es elevado, es necesario mejorar las cuentas e incentivar la economía. ¿Cómo? El camino quedó claro. Para crecer, dar incentivos al capital motivando la inversión privada con mecanismo ya conocidos como la promoción de inversiones con exoneraciones fiscales, las zonas francas, y algunos nuevos como las PPP -Participación Pública Privada- donde el Estado garantiza la rentabilidad.

Para mejorar las cuentas, la ley de presupuesto preveía no tocar los impuestos, pero sí las empresas públicas. El plan es mejorar las utilidades que vierten a rentas generales en concordancia con lo antes expuesto, es decir, reduciendo personal, gasto en funcionamiento e inversiones públicas.

Y lo que es obvio, ser prudente con el gasto, en particular no cumple con la promesa de campaña del 6% del PBI para la educación1, reclamo que generó importantes movilizaciones.

Para terminar este raconto, el hecho que los salarios del sector privado recién se ajustarán dentro de dos años y la inflación deberá superar el 12% para que se considere un ajuste, dió margen para que en enero de este año aumentaran las tarifas por encima de la inflación sin poner en peligro un proceso inflacionario insostenible. Esto hizo que el poder adquisitivo de los asalariados bajara y que las empresas públicas tuvieran más ganancias.

Las cosas que están pasando…

En estos días, el gobierno dió a conocer sus lineamientos para la rendición de cuentas. El crecimiento económico no fue el que se esperaba cuando armó la ley de presupuesto en agosto del pasado año y tuvo que reacomodar sus proyecciones. La economía seguirá creciendo pero a menor ritmo que el previsto.

Considerando este nuevo contexto, desde el gobierno se proponen algunos ajustes en relación a lo planificado. Seguirán echando mano a la reducción de gasto, reduciendo la masa salarial y la cantidad funcionarios de la administración central. A su vez, recortarán gastos y postergarán inversiones públicas en varios organismos, esto último, con un fuerte peso en el gasto social (educación, salud y vivienda). En lo referido a postergación de inversiones, es en realidad un recorte, ya que prevé ejecutarlas más adelante pero sin ajustar por inflación los montos. Como aspecto positivo, se propone la reforma de la caja militar, sistema jubilatorio de privilegio que le cuesta al país aproximadamente el 1% del PBI por año.

Pero sin dudas, la medida que ha generado más escándalo mediático ha sido la que refiere al aumento de los ingresos del Estado, el ajuste se propone echar mano a los impuestos, en particular el IRPF categoría 2 -el que grava los salarios- que explica el 60% del aumento de la recaudación adicional. Esta medida afecta al 30% de los asalariados que perciben mayores ingresos.

A su vez, se intenta compensar esta medida con una reducción del IVA de 2% cuando se utilizan medios magnéticos – lo que se suma a una política ya en funcionamiento, haciendo descontar hasta 4% cuando se utilizan tarjetas de débito-. Reducir el IVA, es una cosa deseable ya que es un impuesto que perjudica a las personas más pobres, pero el beneficio sólo alcanza a quienes tienen tarjeta de crédito y débito. Hay que tener en cuenta que el 25% de las y los trabajadores son informales y por tanto, posiblemente no cuenten con estos medios.

Por último, se aplica una modificación en las tasas del IRPF al capital provenientes de intereses bancarios y a la forma de tributar el impuesto a la renta empresarial, que afectan levemente los impuestos al capital, aportando el 20% de los nuevos ingresos del Estado.

¿Conciliar con el ajuste?

El desafío que nos queda por delante, es intentar comprender estos ajustes y enmarcarlos en peleas que es necesario dar, para ello es posible distinguir dos frentes. Uno asociado a la disputa directa por el valor generado y otro que refiere a la disputa por el valor indirecto.

La idea del crecimiento a cualquier costo, nos condena a permanecer atados al mismo tipo de inserción internacional de por vida y por tanto, a los mismos problemas de siempre, porque el crecimiento lo determina nuestro frente externo y éste al precio de los bienes que Uruguay exporta, variable que no depende de nosotros, sino de factores internacionales. Cuando la economía crece y mejora los salarios, aumenta la demanda, como la mayoría de los bienes que consumimos no son producidos internamente, nuestras cuentas se desajustan -compramos más de lo que vendemos-, esto puede ser financiado con entrada de capitales o con deuda. La capacidad de endeudarse es limitada, y el flujo de capitales depende de negocios atractivos para el capital. Estos negocios son por definición los rentables, no cobrarle impuestos o en una perspectiva emancipadora, no pensar en expropiarlos, es condenar la posibilidad de pensar otra cosa.

Los ajustes, siempre se dan por el lado de apropiar valor a la masa salarial, deprimiendo el empleo y el salario. Las pautas salariales para el sector privado, no solo hacen perder salario real al grueso de los trabajadores, sino que como muchos sectores seguirán creciendo, el capital avanzará sustantivamente en la apropiación de valor. En esta ocasión, no se prevé una crisis, pero estas pautas juegan a la baja, permitiendo que el capital avance sobre la masa salarial.

Otra forma de disputar excedente, puede ser pujar por un Estado que intervenga en la economía una vez generado el mismo, cobrando impuestos y haciendo gasto público que mejore las condiciones de vida de la población -brindando educación, salud, vivienda, seguridad social, etc-. Las empresas públicas también pueden categorizarse en esta disputa, ya que el hecho que un bien o servicio sea creado por una empresa pública, permite distribuir el excedente generado que no es apropiado por un capitalista, y de este modo hacer inversiones que para el capital no son rentables -como garantizar luz eléctrica al 99% de la población-. También permite brindar un servicio o un bien a un precio uniforme y accesible para toda la población, y/o verter parte de ese excedente a las arcas del Estado.

El peso de los impuestos en nuestro país es bajo en términos relativos a la región y muy bajo en relación a los países ricos, por ejemplo Europa occidental, por tanto, es un mito que no pueden aumentarse. A su vez, quién pague no es menor, los impuestos al consume (fundamentalmente IVA) explican algo más del 60% de lo recaudado, dicho impuesto es injusto ya que el 20% más pobre destina un 11% de sus ingresos a pagarlo, mientras que el 20% más rico destina el 5,5% de sus ingresos, es decir, es un impuesto que paga más el que tiene menos. El impuesto a los salarios recauda cerca del 12% del total, fue el gran cambio de la reforma tributaria del 2007, haciendo más justa la distribución del ingreso dentro de la clase trabajadora en relación al anterior -IRP-. Pero los impuestos al capital y patrimonio explican cerca del 20% de lo recaudado, donde las empresas públicas aportan un porcentaje muy importante, ya que pagan todos sus impuestos.

Las medidas recientes del gobierno, apuestan a recaudar más, incrementando el IRPF categoría 2, y es verdad que hace más justa la distribución entre los trabajadores -cosa no menor-, pero es más relevante el hecho que el capital casi no paga impuestos. Esto se debe a que las tasas son bajas, se exonera mucho y también logran evadir, de hecho la atracción de capitales extranjeros ha generado zonas francas donde no pagan ningún impuesto, a su vez es donde se instalan los sectores más dinámicos.

La pelea por más y mejor servicios sociales universales son fundamentales para lograr mejores condiciones de vida, y la clave para pensar otra sociedad. Nuestra historia nos muestra, que en las crisis son estos los gastos que se ajustan a la baja y la actual postergación de las inversiones son una muestra de ello. A su vez, se abren nuevos frentes, la restricción de gastos e inversiones, sumado a la reducción de personal en las empresas públicas, alimentan el avance en las privatizaciones, cediéndole al capital la parte rentable del negocio.

(1) http://brecha.com.uy/lo-presupuesto-nos-dejo-no-ha-comentado/