¿Podemos detener las tareas por riesgos para la salud?

Manuel Menéndez

 

El día jueves 8 de diciembre se realizó un taller de Salud Laboral en la Facultad de Medicina, coorganizado por la Mesa de AFFUR Medicina y la Secretaría de Capacitación y Salud Laboral de AFFUR. El taller fue coordinado por los compañeros técnicos prevencionistas de AFFUR, Carlos Caballero y Gustavo Romero, y abrió una instancia de debate acerca del rol que deben cumplir los sindicatos en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo.

Se analizó, a modo de ejemplo, la experiencia que en este tema viene desarrollando AFFUR Medicina, sindicato que actualmente se encuentra en conflicto por graves situaciones de salud laboral que persisten en la Facultad de Medicina.

En los hechos se desarrolló una discusión sobre la táctica y la estrategia que deben utilizar los sindicatos en esta materia, a la luz de las realidades de la Universidad de la República, que no son exclusivas de Facultad de Medicina, sino que se repiten en muchos servicios universitarios a lo largo y ancho del país.

¿Existe alguna normativa que ampare a los trabajadores a interrumpir la actividad cuando las condiciones de trabajo pongan en riesgo su salud?

            Los técnicos prevencionistas de AFFUR explicaron que sí, y mencionaron el Decreto 291/2007 del Poder Ejecutivo de Uruguay, que en su artículo 14, literal e), garantiza “la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 5 inciso e) y artículo 13 del Convenio Nº 155”.

Esta normativa nacional uruguaya remite a lo establecido en el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por Uruguay.

Este Convenio 155 de la OIT obliga a los Estados a adoptar una política que “tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo” (art. 4, numeral 2).

El artículo 13 del Convenio 155 de OIT establece que: “De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud”.

De esta manera, la normativa uruguaya (Decreto 291/2007), al ratificar el convenio 155 de la OIT y expresamente mencionar este artículo 13, habilita a que los trabajadores, y sus organizaciones sindicales, “por motivos razonables”, cuando existan peligros inminentes o graves para la vida o la salud de los trabajadores, puedan interrumpir las actividades. Y por esta interrupción de las actividades las patronales, o autoridades de organismos públicos, no pueden aplicar ningún tipo de represalias, ni siquiera el descuento del salario.

¿Qué son “motivos razonables”?

            Para interrumpir la actividad deben de existir motivos razonables y justificados. Ahora bien, los trabajadores, o  mejor aún, los sindicatos, deben decidir si una situación amerita a que se interrumpan las tareas o no.

Algo a tener en cuenta es lo siguiente: si bien es una irresponsabilidad interrumpir una tarea que no amerita que se interrumpa, también es una irresponsabilidad no interrumpir una tarea que sí amerita su interrupción. En este caso también hay responsabilidad por omisión, porque mirar para el costado ante situaciones graves que están afectando la salud de los trabajadores, también es un hecho de irresponsabilidad. De hecho, la política de PREVENCIÓN establece que hay que prevenir para evitar males mayores. En este sentido, detener actividades riesgosas es también una acción de prevención.

Desde nuestro punto de vista sindical, para juzgar si una situación amerita ser interrumpida o no, deben de tenerse en cuenta dos factores:

  • Si la actividad implica un riesgo inminente para la salud del trabajador. Por ejemplo, si la persona tiene que trabajar en la altura sin cinturón de seguridad, o si está expuesta a radiaciones sin los adecuados elementos de protección, esta tarea debe interrumpirse inmediatamente, porque implica un riesgo inminente.
  • Si la actividad implica una exposición continua a factores de riesgo para la salud, lo cual termina deteriorando la salud por la acumulación de la exposición a esos factores de riesgo. En estos casos se habla de enfermedades “sobrevenidas” por la actividad laboral. Por ejemplo, tener que pasar muchas horas en ambientes laborales que por el clima de humedad, temperatura, ruido, ergonomía, etc., son inadecuados para la salud humana, terminan, a la corta o a la larga, afectando la salud.

En ambos casos los sindicatos tienen la obligación de bregar por la interrupción de las actividades hasta que los factores de riesgo se corrijan.

¿Cuándo interrumpir las tareas cuando el factor de riesgo sea por acumulación?

            Es muy claro que cuando existe un riesgo inminente no se puede dudar y los trabajadores, o si es posible, el sindicato, deben resolver la detención inmediata de las actividades.

Pero la duda puede aparecer cuando el riesgo, si bien es grave porque sin dudas va a terminar afectando a la salud con el paso del tiempo, no es inmediato sino que opera por un proceso de acumulación.

Para este caso la recomendación que hacemos a los trabajadores y sindicatos es la de actuar en dos etapas, primero EL AVISO, y luego la ADOPCIÓN DE MEDIDAS, si la situación no se corrige.

FASE UNO: EL AVISO:

  1. Lo primero es hacer la denuncia de la situación, por escrito, a las autoridades. Si es posible abrir un expediente formal al respecto con la denuncia. En la denuncia se deben detallar las situaciones de riesgo a la que se exponen los trabajadores. AFFUR actualmente cuenta con técnicos prevencionistas que pueden asesorar en este sentido.
  2. Otro lugar donde hacer la denuncia, a nivel gremial, es en la mesa bipartita de negociación colectiva, la cual es de instalación obligatoria en todos los servicios de la UDELAR, de acuerdo al Convenio de Fueros Sindicales vigente entre la UDELAR y AFFUR – UTHC. También, de acuerdo al Decreto 291/2007, debe instalarse una comisión bipartita o paritaria de salud, en todos los servicios universitarios.
  3. También se puede optar por hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo del Ministerio. En este caso existe la opción de que la denuncia sea anónima, si así lo solicita el trabajador. En Montevideo se puede concurrir en forma personal a la Oficina de Asesoramiento y Denuncia, 1er. piso del MTSS, Juncal 1511 esq. Cerrito, o en las Oficinas de Trabajo del Interior. También hay una línea telefónica para consultar: 08001877.

En los procesos de negociación colectiva con las autoridades universitarias los sindicatos deben exigir que las autoridades establezcan los plazos, que deben ser razonables, en los cuales las autoridades estiman que corregirán las condiciones de trabajo que afectan a los trabajadores.

En las inspecciones del Ministerio de Trabajo se establecen observaciones que deben ser corregidas en determinados plazos. Es importante que un representante de los trabajadores, o del sindicato, acceda a los informes de la Inspección del Trabajo.

Es importante saber que las autoridades de los servicios universitarios están obligadas a garantizar el trabajo en condiciones de salud. No hacerlo implica responsabilidades jurídicas, y no es válido el argumento de que no se cuenta con el presupuesto suficiente para solucionar los problemas. Es responsabilidad de las autoridades conseguir el presupuesto suficiente para poder funcionar adecuadamente.

FASE DOS: ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Si, cumplidos los plazos establecidos para la corrección de los problemas de salud laboral, los mismos no se han corregido, entonces el sindicato debe resolver la interrupción de las actividades en esos sectores, porque de no hacerlo se habilitaría la perpetuación de las situaciones de riesgo y se sería cómplice de la generación de enfermedades en los trabajadores.

Recordemos que de nada sirve la firma de acuerdos o convenios colectivos, o las observaciones e intimaciones del Ministerio de Trabajo, si después los servicios universitarios no corrigen, en lo concreto, más allá de las promesas o declaraciones de buenas intenciones, las situaciones denunciadas.

De hecho, la sanción que puede aplicar el Ministerio de Trabajo a la UDELAR es la aplicación de multas, pero la institución podría decidir pagar las multas y darle largas a la resolución concreta de la situación denunciada. Y mientras tanto los trabajadores se siguen enfermando…

Por eso la responsabilidad final de detener las tareas radica en el sindicato.