Sí se pueden cambiar las reglas de juego

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Compartimos artículo de Pablo Messina publicado en Brecha.

Las medidas fiscales anunciadas han generado un rechazo generalizado en diversos sectores de la sociedad y una defensa un tanto acrítica en filas oficialistas. Además, el aumento del Irpf se “comió” la agenda pública, restando margen para ampliar la discusión tanto sobre el conjunto de las propuestas, como sobre algunas alternativas posibles que no se han manejado.

La desaceleración económica –crítica para varios sectores industriales: construcción, pesca, metalúrgica–, la persistencia de un alto déficit fiscal y sus impactos negativos son los principales argumentos de quienes fundamentan la necesidad de un nuevo paquete fiscal.

Las medidas anunciadas han generado un rechazo generalizado en diversos sectores de la sociedad y una defensa un tanto acrítica en filas oficialistas. Además, el aumento del Irpf se “comió” la agenda pública, restando margen para ampliar la discusión tanto sobre el conjunto de las propuestas, como sobre algunas alternativas posibles que no se han manejado.

La reacción ante las propuestas fiscales anunciadas ha sido avasallante. Por derecha, porque extrañan la vieja receta que recorta el presupuesto en salud, vivienda y educación y carga todas las tintas en el salario y en aumentos de Iva (o te inventa un Cofis) a la vez que eliminan aportes patronales e impuestos al capital. Es una fórmula que ya supieron aplicar. Por izquierda (muchas veces se rasca donde menos pica): centran la crítica en el Irpf a pesar de que sólo 30 por ciento de los trabajadores con mayores ingresos va a aumentar su aportación, sin calibrar otros aspectos positivos de la propuesta y sin aprovechar la oportunidad de impulsar una agenda de transformaciones profundas.

Sopesar bien para criticar mejor. Las medidas en su conjunto son difíciles de evaluar sin un análisis más riguroso que el que aquí se presenta,1 pero indudablemente tienen algunos aspectos positivos. La modificación de la Caja Militar, que sustenta un régimen jubilatorio de privilegio con la necesidad de salvatajes permanentes –ya que su déficit representa casi un 1 por ciento del Pbi– resulta crucial. Dicho déficit, según datos presupuestales de 2015, es casi equivalente al gasto del Inau, bastante mayor (cercano al doble) a todo el presupuesto en vivienda y supera en más de cuatro veces el gasto en ciencia y tecnología.

Asimismo, hay un 70 por ciento de los trabajadores que no van a pagar más Irpf que en la actualidad y que podrán verse beneficiados por la reducción de 2 por ciento del Iva (sólo los bancarizados).

Más allá de los cambios en el Irpf (Cat II) también se modifica la tributación al capital. Se aumentan las tasas del Irpf (Cat I) a los intereses de depósitos y en algunos casos a las utilidades, así como también se proponen modificaciones en la forma de tributar el Irae (pero no se aumenta la tasa).

Por último, el conjunto de medidas es la demostración fehaciente de que cuando hay voluntad política se pueden modificar “las reglas de juego”. Por lo tanto, cambiando la actual correlación de fuerzas y con propuestas programáticas claras, es posible contraponer otras medidas que sean más justas.

El gusto amargo de siempre. En la defensa oficialista “de los logros” se esconde muchas veces la negación a profundizar avances o lisa y llanamente se desconoce la imperiosa necesidad de “cambiar el rumbo” en una amplia gama de aspectos.

Por un lado, la exoneración de 2 puntos de Iva, para concretarse, presupone tener tarjeta de débito o crédito, o sea, no llega al conjunto de la población. Existe un 28 por ciento de los trabajadores informales del sector privado (asalariados, cuentapropistas, etcétera) que están concentrados principalmente en los 4 deciles de menores ingresos, y que como no tienen ingresos laborales formales, no tendrán dicho beneficio. De hecho, el 70 por ciento de los trabajadores privados del decil más bajo, y el 50 por ciento del decil que le sigue, son informales según la Encuesta Continua de Hogares 2015.

Por otra parte, la contradicción que pone sobre la mesa el Poder Ejecutivo entre el 70 por ciento que no pagará más de Irpf, contra el 30 que sí, aunque atendible, deja expuestos varios flancos.

En primer lugar, la evidencia de que hay un contingente muy importante de los trabajadores que tiene ingresos nominales menores a 33 mil pesos, dando cuenta de que existe en nuestro país una amplia mayoría con niveles de ingreso muy bajos.

En segundo lugar, existe un porcentaje no despreciable de asalariados que (de mantenerse las proyecciones actuales de inflación y conforme a los lineamientos de la actual ronda de Consejos de Salario) verá su salario real disminuido hasta diciembre del 2018 y debe afrontar ahora también un aumento en la carga fiscal por Irpf. Por más que éste no sea muy cuantioso, todo resta.2

En tercer lugar, estar dentro del 30 por ciento de los asalariados que ganan más no equivale a pertenecer al 30 por ciento más rico de la población: a)no todos los ingresos son salario; b)la composición familiar puede hacer que el ingreso per cápita de la familia sea distinto, incluso con el mismo salario. Hay varios hogares que van a pagar más pero que no están dentro del 30 por ciento más rico.

En cuarto lugar, hay que asumir que “los deciles no luchan” y que si bien son muy buenos indicadores en términos descriptivos, cuando uno tiene voluntad transformadora, debe consolidar sujetos colectivos como protagonistas. Por tanto, desde el punto de vista político, gravar más a los trabajadores (aunque sea a los asalariados que ganan más), en una perspectiva de izquierda, puede equivaler a romper alianzas con los potenciales protagonistas del cambio. ¿Qué decil va a luchar contra el poder económico nacional y trasnacional?

En quinto lugar, la contradicción entre el 70 que no sufrirá aumentos impositivos y el 30 por ciento restante, niega otras más profundas: en Uruguay, el 1 por ciento más rico acapara el 14 por ciento de los ingresos generados. ¿Va a aportar mucho más ese acaudalado 1 por ciento con esta propuesta? El trabajo de Burdin, De Rosa y Vigorito (2014) muestra que el grueso de los ingresos de ese percentil más rico son ingresos del capital. Si bien se harán modificaciones a la tributación del Irae y al Irpf al capital (por ejemplo intereses), lo que les aumentará la carga, no se afectan las tasas con las que se gravan las utilidades ni su distribución, salvo para casos muy puntuales. ¿No será mejor cargar el grueso de las tintas en ese sector?

En este mismo sentido, si bien la propuesta modifica algunos gravámenes al capital, también es cierto que no sólo no se propone revisar los esquemas de exoneración de inversiones (Ley 16.906) sino que en noviembre del año pasado se aprobó una bonificación extraordinaria para proyectos presentados antes de diciembre de 2016. Además, el aumento en el pago de intereses de deuda externa y de utilidades en las inversiones extranjeras directas da cuenta de ingresos al capital que también deberían preocuparnos si nos interesa mejorar la distribución y vivir en una sociedad más justa.

Por último, cabe anotar que al innovador “presupuesto a 2 años” ahora se le agrega “el diferimiento de las inversiones”. Esto implica, en el mejor de los casos, un palo en la rueda sustantivo para la planificación en rubros sensibles como la educación. Además, se da de bruces con los anuncios de “refuerzos sustantivos” en las rendiciones de cuenta que fundamentaron el presupuesto con un horizonte temporal de sólo 2 años.

Propuestas alternativas. En respuesta a los anuncios del Ejecutivo, desde distintos sectores han surgido contrapropuestas: correr una franja más arriba el aumento del Irpf; aumentar y hacer progresivo el impuesto a las trasmisiones patrimoniales (herencias); gravar la remisión de utilidades al exterior de las trasnacionales e incrementar las tasas del Irae. A su vez, se sugiere revisar el esquema de zonas francas y de la ley de promoción de inversiones. En este sentido, vale aclarar, a modo de ejemplo, que en varios años aparecen exonerados Maroñas Entertainment, Casino Nogaró, Estudios Jurídicos, etcétera, por lo que parecería que se pueden seleccionar mejor los beneficiarios.

Todas las medidas anteriormente mencionadas son atendibles, y se les podrían agregar varias otras:

1) Ampliar y modificar el impuesto al patrimonio considerando la enorme concentración de la propiedad en Uruguay (en particular, el índice de Gini de la propiedad de la tierra es cercano a 0,8) y dado que este tipo de impuestos tiene la ventaja potencial de mejorar mucho en equidad (y no ser muy “distorsivo”);

2) Incrementar el valor de los “aforos rurales” ya que están sustantivamente por debajo del “precio de mercado”, disminuyendo la “carga real” así como también modificar el régimen de aportes patronales al agro, ya que tributan muy por debajo del promedio de la economía;

3) Eliminar la exoneración de aportes patronales a la educación privada, que ascendió a casi 47 millones de dólares en el 2014 según Bps, y trabajar en la eliminación (vía modificación constitucional) de las exoneraciones impositivas de la enseñanza privada que sumaron en el año 2013 un 0,24 por ciento del Pbi por concepto de Iva y 0,1 por ciento del Pbi por Irae;

4) Eliminar las devoluciones de Fonasa, que son altamente regresivas ya que benefician primordialmente a sectores de altos ingresos;

5) Aumentar el Irpf a las utilidades, ya que el actual 7 por ciento es bajo (de hecho, en 2007 había propuestas de que fuera del 15 por ciento);

6) Instrumentar modificaciones en las franjas del Irpf al salario, que graven más fuerte al nivel gerencial y repensar los “saltos” en las franjas para hacerlos más progresivos (se aumentó un 3 y un 4 por ciento parejo a distintas franjas).

En resumen, calibrar el conjunto de las propuestas es complejo. Negar aspectos positivos da menos margen político para combatir aquellos que son francamente regresivos y no permite dar forma a una crítica más profunda: gravar más al capital y en particular a los sectores de altos ingresos; evitar recortes en inversión y defender a las empresas públicas; mostrar cómo los cambios en las reglas de juego son posibles y que para ello es necesario construir “voluntad política” y tener un horizonte programático que la acompañe en un sentido transformador y socializante. Se hace imperativo negar aquello que redunde en administrar lo existente, en congraciarse con los “ganadores de hoy”, para poder construir una alternativa al statu quo, para rascar donde pica.

*    Integrante de Cooperativa Comuna.

  1. A modo de ejemplo, no se incorpora en este artículo el análisis de las modificaciones en las deducciones.
  2. De todas formas, es importante aclarar que para hacer una evaluación seria de la carga fiscal habría que considerar lo que va a dejar de pagar de Iva, que en muchos casos puede ser mayor al aumento del Irpf.