Análisis de la propuesta de creación de una Escuela de Gobierno de la UDELAR

El Pro Rectorado de Gestión está proponiendo la creación de una Escuela de Gobierno de la Universidad de la República. La misma dependería directamente del Consejo Directivo Central y funcionaría en la órbita de dicho Pro Rectorado.

Sus cometidos serían, según la propuesta de su ordenanza de creación, “la coordinación, estímulo y desarrollo de actividades académicas orientadas a la investigación de las diferentes formas de gestión y gobierno universitario, así como de otras instituciones de interés”. También plantea que: “Pondrá especial énfasis en contribuir al fortalecimiento de la institución, sus mecanismos democráticos, su gobernanza, y en el desarrollo de capacidades de la comunidad universitaria”.

El público al que estaría dirigido esta nueva escuela de gobierno serían los docentes, estudiantes, funcionarios y egresados de la UDELAR, pero también otras personas que accedan por convenios.

La escuela de gobierno estaría dirigida por una “Comisión Central” integrada por el Pro Rector de Gestión, los órdenes, las áreas, los funcionarios TAS y la CCI.

Cuando se detallan las “atribuciones de la Comisión Central” comienzan las contradicciones. Se comienza enumerando un conjunto de tareas de asesoramiento al CDC, promoción de la investigación, y “articulación de ofertas e iniciativas de formación y capacitación para la gestión de las organizaciones y de las universitarias en particular”.

Hasta este punto, y dada la nomenclatura utilizada de “comisión central”, uno podría pensar que una propuesta de este tipo debería poder articular, por ejemplo, las actividades de grado y posgrado que se dictan en facultades tales como las de CC.EE y Administración, Humanidades y Ciencias de la Educación (por la gestión de centros educativos), Ciencias Sociales (por ej. por la parte de ciencias políticas), Derecho (por la parte jurídica pero también por la de relaciones laborales), etc.

Sin embargo, el artículo 7 de la propuesta de ordenanza establece que la nueva escuela, “a los efectos de cumplir con sus atribuciones”, absorberá en los hechos al Instituto de Capacitación y Formación (ICF), que por su ordenanza brinda cursos a funcionarios no docentes. El ICF pasaría a funcionar en la órbita de la escuela de gobierno.

Por lo tanto, la propuesta de la Escuela de Gobierno no es la de una simple creación de una “comisión central” que asesore al CDC y promueva articulaciones entre servicios, sino la creación de una nueva institucionalidad que dirija un Instituto nuevo, con personal y recursos a su cargo, ya que absorbe al ICF. El certificado de nacimiento de la Escuela de Gobierno es también el certificado de defunción del ICF.

Hay incluso una confusión con la nomenclatura usada en el texto de la propuesta de ordenanza para referirse al órgano que dirigirá la nueva escuela: primero se la denomina “comisión central”, pero al final del texto se la llama “comisión directiva”.

Y esto no es sólo un error de tipeo: se termina hablando de “comisión directiva” porque lo que se está creando en realidad es un servicio nuevo.

Desde el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores no docentes esto es lamentable porque, con los mismos recursos escasos del ICF, se tendrán que organizar cursos para toda la comunidad universitaria. El ICF pasaría de tener un público objetivo de 6.408 personas (es decir los actuales funcionarios no docentes) a tener como mínimo 165.724 (si sumamos a todos los docentes y estudiantes con los funcionarios).

Sin embargo, por más que se le cambie el nombre y se le agreguen nuevas taras al ICF, no se le va a aumentar su presupuesto, y menos ahora con las actuales restricciones. Para poder absorber la nueva demanda debería multiplicarse por 25,86 el actual presupuesto del ICF, lo cual a todas luces es inviable. Y esto tomando solamente como público objetivo a la comunidad intra universitaria, sin tener en cuenta a los egresados y eventuales convenios.

Por más que se diga lo contrario, obviamente se va a perjudicar a los funcionarios no docentes que tendrán menos accesibilidad a cursos de capacitación, con todo lo que ello implica para su carrera funcionarial.

Pero también hay otro análisis que debemos realizar al respecto de la propuesta, enfocando las consecuencias para una política general universitaria.

 ¿Cómo debería ser una Escuela de Gobierno de la UDELAR?

           Si fuera necesario pensar en una “escuela de gobierno” deberíamos pensar, en primer término, en algo que represente la mejor cultura y las mejores tradiciones de la Universidad de la República. Algo que represente su seña de identidad.

La Universidad, sin lugar a dudas, como toda institución viva, debe transformarse e ir cambiando para satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad. Pero no todos los cambios necesariamente son buenos, también se puede retroceder. No se trata de oponerse a los cambios por el mero hecho de apegarse al pasado, se trata de discutir qué orientación deben tener los cambios, para tratar de avanzar y evitar retroceder, siguiendo siempre los valores éticos de la profundización de la democracia, la justicia social y el desarrollo científico, cultural y productivo del país, tal cual lo expresa el art. 2 de su ley orgánica.

Por lo tanto entendemos que una “escuela de gobierno” de la Universidad no debería ser una Gerencia, ni un área de formación de recursos humanos que dependa de una gerencia. Este modelo, válido para las empresas privadas, no debería ser válido para la Universidad.

Nos parece que si queremos crear algo que cumpla las funciones de “escuela de gobierno universitario” no debería ser algo anclado en un servicio, casi como si fuera un área de capacitación de recursos humanos en gestión.

Tampoco es válido desvirtuar por completo un servicio creado para la capacitación de los funcionarios no docentes y pretender, a partir de él, dar capacitación en asuntos que hacen a la gestión de cuestiones académicas y docentes.

El artículo 2 del Estatuto del Personal Docente establece que son “funciones docentes”, “la participación en el gobierno universitario” y “la gestión académica de la Universidad y sus servicios…”.

En este sentido parece que lo más lógico es que si se quiere capacitar en estas cuestiones se apele a la tradición universitaria y se generen instancias de capacitación y formación inter facultades.

A modo de ejemplo, cuando se creó la Tecnicatura en Gestión Universitaria, hoy “Tecnólogo”, se creó un curso que integraba a varias facultades. Finalmente, por una decisión política, la TGU se ancló administrativamente en la Facultad de CC.EE, pero podría haberse anclado en otro servicio.

Existe una especialización de la Comisión Académica de Posgrado en “Gestión de servicios de salud”, dictada por la Facultad de Medicina y la de CCEE de la UDELAR.

Por lo tanto, hay alternativas para la creación de formaciones en gestión universitaria, sin necesidad de distorsionar al ICF, perjudicando a los funcionarios no docentes, y sin necesidad de abordar la formación en gestión universitaria como si fuera el área de recursos humanos de una gerencia.

Eso no es avanzar, es retroceder.

Datos al 2020.

Fuentes: propuesta país UDELAR 2020 – 2024.

VER: https://udelar.edu.uy/portal/2020/09/propuesta-al-pais-2020-2024-plan-estrategico-de-desarrollo/

Ordenanza ESCUELA DE GOBIERNO