El 7 de abril de 2020, la Conferación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) aprobó una declaración referida a la actual crisis mundial de la salud en la que denuncia que los gobiernos adoptaron medidas que aplican recorte en el gasto público y reformas antisociales. Más allá de esta realidad, destaca que las universidades públicas de las Américas, «maltratadas por años de desinversión de los
gobiernos neoliberales en educación superior, los sindicatos docentes, y los sindicatos que representan al sector
no docente, técnico- administrativo nucleados en la CONTUA han reaccionado de inmediato adoptando las
medidas pertinentes para salvaguardar la salud del personal universitario, y garantizar al mismo tiempo, la
continuidad de las tareas fundamentales de las instituciones de educación suprior, poniendo a disposición de
los gobiernos y de la población todos los recursos materiales, de investigación y humanos para encontrar
soluciones a la actual problemática, dedicando especialmente los esfuerzos de investigación para darle una
respuesta a este problema de salud pública.»
En cuanto al aporte de las universidades para enfrentar esta pandemia, la CONTUA, destacó el rol que vienen cumpliendo los hospitales universitarios, tan mal tratados por el neoliberalismo y los impulsores de la educación mercantilista. «Hoy los hospitales universitarios están en la primera fila de la batalla,
sentimos orgullo por el personal universitario que presta servicios en nuestros hospitales. Personal médico,
profesionales, enfermería, auxiliares y personal administrativo todos los días van a sus trabajos poniendo en
riesgo su vida para salvar otras vidas.»
Educación pública siempre, sin dejar a nadie atrás
En cuanto a la pandemia, la CONTUA demanda:
«Exigir a los Estados, destinar mayores presupuestos para garantizar servicios públicos de calidad para
todos y todas, fundamentalmente en la coyuntura, invirtiendo en la infraestructura física y personal suficiente
en los sistemas de salud pública con equipos modernos.
• Garantizar el acceso universal a las pruebas de COVID-19, a la atención sanitaria y al tratamiento como
una respuesta eficaz a la pandemia.
• Controlar el precio de insumos, medicamentos y elementos para la contención de las enfermedades; así
como los alimentos de la canasta básica.
• Asumir el gobierno el pago de la seguridad y las prestaciones sociales de los trabajadores/as de las
pequeñas y medianas empresas más afectadas con las medidas de emergencia.
• Mantener operativas las rutas de suministro, fundamentalmente para los productos médicos, los
servicios asistenciales, los alimentos y demás servicios fundamentales.
• Garantizar todas las medidas necesarias que hagan exitoso el confinamiento social en todos los países
como única medida para frenar el contagio.
• Promover acciones de difusión y concientización sobre la importancia de las medidas sanitarias de
confinamiento social y de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los distintos
Gobiernos de nuestros países.
• Prestar especial atención y protección de las y los trabajadores de la salud y los demás servicios públicos
esenciales que realizan en esta etapa un tremendo sacrificio humano para afrontar el brutal avance de este
nuevo coronavirus.
• Implementar normas y resoluciones que eviten cualquier tipo de despido o suspensión de trabajadores
y trabajadoras durante el período que dure la pandemia y el confinamiento social.
• Instrumentar todas las herramientas legales que permitan garantizar los servicios básicos esenciales a
todas las familias y sus hogares, como el agua potable, la electricidad, los servicios de comunicación, etc.
• Garantizar la protección para todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del
privado y muy especialmente a aquellos que trabajan en condiciones precarias, que en nuestra Región superan
el 50 % de la población económicamente activa.
• Atender de forma inmediata a todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, como
quienes están en situación de calle y de pobreza extrema, los trabajadores del sector informal, etc.
• Demandar el mayor esfuerzo y compromiso social al empresariado, para garantizar el mantenimiento de
las fuentes de trabajo y los salarios de todos sus empleados y empleadas.
• Implementar paquetes económicos, de política fiscal y monetaria capaz de estimular la demanda, son
políticas clave para la estabilidad de las empresas y la economía real. Preservando los salarios de los
trabajadores y trabajadoras y poniendo el peso recaudatorio en los impuestos al capital, las grandes fortunas, y
la reparación de las inequidades fiscales.
Terminar con las políticas de ajuste implementadas por el sistema financiero internacional, a través del
corrupto sistema que condena al endeudamiento de los países pobres.
Es indispensable redoblar la solidaridad global, la cooperación y la coordinación entre todos los actores del
sistema multilateral. Se requieren decisiones políticas colectivas y para ello es imprescindible el diálogo social
institucional y permanente a nivel nacional y multilateral ya que, de no involucrar a los sindicatos en la
construcción de salidas equitativas a la actual crisis, los riesgos de naufragio aumentan considerablemente,
impidiendo nuevos horizontes a la justicia y la inclusión social, a la democracia y al desarrollo de los pueblos.
El sistema de educación superior debe consolidar su fuerza interior redoblando la alianza entre estudiantes,
docentes y nuestro sector no docente, técnico-administrativo para estar preparados al momento de la
reanudación de las clases presenciales y garantizar los servicios educativos en el nuevo escenario. Seguramente
nos veremos obligados a repensar los procesos académicos y administrativos en el futuro inmediato
aprendiendo las lecciones que nos dejará el recorrido de la emergencia. »
Declaración completa de CONTUA sobre crisis mundial de la salud