Una vez más nuestra Federación estuvo presente en la movilización por la tierra y el agua, y en denuncia de modelo del agronegocio que concentró como nunca la tierra, contamina tierras y agua, hipotecando nuestro futuro. Adjuntamos los «acuerdos» que le dan base a la ANP para difundir esta experiencia y el alcance de esta importante herramienta del movimiento popular.

Proclama Marcha en Defensa del Agua Maldonado 07 de mayo de 2016

Acuerdos Básicos de la Asamblea Nacional Permanente

Acuerdos de la asamblea del 8/4 – Maldonado

Proclama leída en la Marcha

Hoy, un conjunto de colectivos sociales e individuos organizados horizontalmente  y con independencia político partidaria, nos movilizamos en defensa de nuestra agua.

Estamos aquí para reiterar la denuncia del avance de la contaminación de nuestras fuentes hídricas como un hecho alarmante, que se viene incrementando hace más de diez años con el cambio de modelo productivo, provocando que la población se vea obligada a consumir agua no potable.

El agua potable es escasa en nuestro planeta. Del total del agua existente, solo el 2,5 % es dulce, estando la mayoría de ésta en los casquetes polares. Solamente una parte mínima de ella está disponible.

Como ciudadanos, debemos hacer un uso responsable de este recurso, que es finito y necesario. Actualmente muere mucha gente por falta de acceso al agua, y por las diversas consecuencias de este modelo. Esto, nos debe hacer aún más conscientes del enorme valor del agua, no solo por ser imprescindible para el ser humano, sino que de ella dependen los ecosistemas de nuestro planeta.

En nuestro país, el agua está protegida constitucionalmente en el Art. 47. Esta protección es un caso único en el mundo, ya que no se debe a una ley votada por  legisladores en el parlamento, sino que, fue la ciudadanía uruguaya quien mediante su soberanía popular la hizo realidad en el histórico plebiscito del agua en el año 2004. Solo la participación y la lucha de los ciudadanos organizados garantizará el cumplimiento de esta reforma tan valiosa.

En este plebiscito, los uruguayos dijimos que el agua es un recurso fundamental para la vida, que el acceso al agua potable es un derecho humano, y que debemos tener una política de aguas que asegure la conservación y restauración del Medio Ambiente.

Además, establecimos en nuestra Constitución, que la gestión del agua debe ser solidaria con las actuales y las futuras generaciones, y que por ende deben anteponerse las razones de orden social a las económicas. También establecimos que el manejo del agua no puede quedar en manos de privados.

Hoy en día, no se cumplen casi ninguno de estos mandatos constitucionales.

Los episodios de público conocimiento por agua contaminada, y consecuentemente, la proliferación de microalgas en Maldonado y en Montevideo, así como la crítica situación de la cuenca del Río Santa Lucía, la cual es fuente de agua de casi 2 millones de personas, y hoy registra  altas concentraciones de sustancias tóxicas, son apenas los signos más visibles de una situación de contaminación generalizada que afecta nuestro vital recurso a nivel departamental y nacional.

Nuestras cuencas hídricas están a punto de colapsar, amenazadas por un modelo de agronegocios concentrador y excluyente, así como por una política de extractivismo perpetradora de desigualdades sociales.

A la ya conocida contaminación por el vertido de desechos industriales,  se agrega el crecimiento monumental de la agricultura empresarial de monocultivos transgénicos, y de la mal llamada “forestación”, las cuales impactan sensiblemente sobre las cuencas, sobre la disponibilidad y calidad del agua dulce superficial y subterránea. Del mismo modo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, está repercutiendo negativamente sobre  las fuentes de agua para la población urbana y rural.

Los hechos nos muestran claramente que, este modelo avala una economía sujeta a los designios del gran capital, que profesa desarrollo, sin embargo no promueve trabajo ni riquezas para la sociedad, no propone mejores condiciones de vida, sino por el contrario nos despoja de nuestros bienes comunes, dejando a su paso contaminación y devastación. Con el fracking, o también llamada fractura hidráulica, se extraen hidrocarburos y gases que destruyen las capas del subsuelo, liberándose gases tóxicos que se propagan por el agua y contaminan todo a su paso. Este mecanismo que está prohibido en muchos lugares donde se ha llevado a cabo, hoy amenaza el mayor reservorio de agua dulce del planeta, que se extiende ampliamente por el territorio de nuestro país, el acuífero Guaraní.

Lamentablemente, el agua está siendo protagonista importante de la agenda nacional, no solo por los enormes problemas de contaminación. Nuestra región está siendo azotada desde hace un tiempo por gravísimas inundaciones que baten todos los registros históricos. Hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas y animales, además de cuantiosos daños materiales que han afectado a miles de personas y a ciudades enteras.

No podemos obviar que parte de estas inundaciones son debidas al cambio climático así como también al imperante modelo de agronegocio que devasta nuestro monte nativo, el cual funcionaba como colchón para retener el agua. Las enormes extensiones de monocultivo de soja y árboles transgénicos, que suman millones de hectáreas, impiden que la tierra absorba esa agua, acelerando la erosión y llevando todo esa agua, que antes impregnaba la tierra, hacia los cauces de los arroyos y ríos, desbordándolos.

No es casualidad que las grandes inundaciones de los últimos tiempos coincidan con el mapa de las plantaciones de soja en nuestro país, en Argentina, Paraguay y Brasil.

Como ciudadanos debemos pensar sobre qué modelo de país queremos, y qué caminos vamos a tomar para ello. Exigimos entonces, una revisión inmediata del modelo de desarrollo agroalimentario, forestal, energético y minero que se ha impuesto en nuestro territorio, para evaluar entre todos, rigurosamente los costos y beneficios que este está trayendo a nuestra región, al país y al planeta.

Exigimos también, que las autoridades competentes se comprometan a comunicar claramente el actual y verdadero estado del agua en nuestro país, y alerten sobre los potenciales peligros hacia la salud humana que implica su consumo, aplicando las políticas que sean necesarias para asegurar la potabilidad del agua, y la salud de la población.

Rechazamos la Ley de Riego, ley inconstitucional que privatiza el agua, que solo beneficia a inversores especuladores, y que apunta a la consolidación y ampliación de un sistema productivo que ya acarrea gravísimos problemas, agravando insólitamente aún más la situación.

Los ciudadanos tenemos derecho de determinar libremente los medios que deseamos para vivir, que contemplen y persigan los intereses del pueblo, el desarrollo de su economía, su cultura y la sociedad toda.

Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas, proceso vital para viabilizar los proyectos locales, y definir los hábitos que debemos generar para que sean posibles.

Hay otras modos de vivir en armonía con lo que nos rodea, y el hacerlos realidad, depende de nosotros, de nuestra  decisión y de nuestra participación.

POR EL ACCESO EN NUESTROS HOGARES A AGUA REALMENTE POTABLE

POR UNA POLÍTICA DEL AGUA INCLUSIVA Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES

POR UNA PROTECCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA DE NUESTRAS CUENCAS

NO A LOS AGROTÓXICOS EN NUESTROS RÍOS

¡EL AGUA NO SE VENDE, EL AGUA SE DEFIENDE!