El Hospital de Clínicas desde sus orígenes fue concebido como una propuesta profundamente transformadora del modelo asistencial, docente y administrativo existente hasta el momento en el país. Durante su proceso de creación generó profundos debates sobre el concepto hospitalario y de atención en salud, que resultó en la creación de un Hospital a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La pertenencia a la Universidad fue una lucha que se forjó desde el campo popular, y que se ganó en base a movilización, no fue un regalo del poder político, sino una victoria popular.
¿Qué son las PPP?
La versión moderna de la privatización – la PPP – fue aplicada por primera vez en Inglaterra en los años 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal, pero el gobierno estaba obligado a invertir en infraestructura, y este mecanismo se volvió en la solución política a las medidas de austeridad.
En nuestro país la Ley 18.876, aprobada en 2011, permite que un privado financie, construya o gestione algún elemento del servicio público, y luego recupere la inversión mediante el pago de una cuota (canon) y mediante la privatización de algún área de la administración pública. La Ley prevé contratos de largo plazo (hasta 35 años).
En todos los casos los fondos con que finalmente se termina financiando el emprendimiento salen del Estado. En el caso del HC donde se privatizaría un servicio como la limpieza, el mantenimiento, etc, el dinero provendría del propio presupuesto universitario.
El gasto total de dinero público termina siendo mucho mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, y es allí donde reside el negocio lucrativo que atrae al capital privado hacia este tipo de obras. Si bien a los inversores les gusta afirmar que las PPPs son una forma de recaudar financiación privada para respaldar proyectos públicos, los mayores flujos se producen exactamente al revés. Las empresas privadas y los fondos de capital privados utilizan una pequeña cantidad de su propio capital como fondos, y consiguen recaudar una inversión de capital adicional de los financiadores internacionales, así como contraer una deuda que está garantizada por el sector público, o incluso proporcionada directamente por el sector público en forma de préstamo. En nuestro país, una posible fuente de financiación son los Administradores de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
En este tipo de asociaciones intervienen distintos grupos económicos, desde la empresa que se encarga del proyecto en un inicio, los bancos que aportan el capital inicial (nacionales o extranjeros), la compañía de seguros que absorbe riesgos del negocio, las empresas constructoras hasta aquellas que realizan las operaciones diarias (mantenimiento, limpieza, gestión, etc.). Las propias consultoras (p. ej CPA Ferrere) obtienen beneficios de la labor jurídica y de asesoramiento que se deriva de los complejos procesos contractuales con las PPP. Cada uno de estos actores recibe una tajada que proviene del presupuesto nacional o de los propios usuarios. Es por ello que estas iniciativas son fuertemente promovidas por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID) a través de la introducción de legislación en los distintos países, el marketing y el lobby, y mediante la creación unidades de promoción y gestión de las PPP dentro de la propia administración pública. Estos mecanismos son también promovidos en los tratados secretos TISA, TTP y TTIP a impulso de las grandes multinacionales.
