Este domingo 20 de mayo una vez más marcharemos  en silencio por los detenidos desaparecidos en dictadura.  Esta marcha, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, desde mayo de 1996, será la número 23 que se realiza para obtener VERDAD y JUSTICIA.  

Una vez más Affur, junto a los trabajadores y las trabajadoras estamos convocando a marchar, con el conjunto de la sociedad uruguaya para reclamar que nos digan qué hicieron con los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. sumandonos, como todos los años  al reclamo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Nos falta la VERDAD

La lucha por la verdad lleva ya muchos años y debe continuar, nuestra responsabilidad como sindicato es seguir denunciando las omisiones del Estado en cuanto a la  investigación y la búsqueda de información necesaria para poder cumplir con el juicio a los responsables de los graves delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, bajo el amparo de éste y utilizando sus estructuras.

Desde el retorno a la democracia los familiares de desaparecidos vienen reclamando junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos que los responsables digan dónde están, qué pasó con nuestros compañeros y compañeras, nuestros familiares, nuestros amigos, sin que se haya obtenido de parte de los torturadores y asesinos ninguna señal de arrepentimiento ni la más mínima intención de colaborar para que se los encuentre. Su actitud ha sido todo lo contrario, arrogante, despectiva y justificando la barbarie de sus asesinatos, violaciones y desapariciones. A su vez el Estado ha permitido que en más de una ocasión se ocultara información por parte de integrantes del ejército estando aún en actividad. El Estado ha sido omiso en hacer que se investigue los delitos de lesa humanidad.

Nos falta la JUSTICIA

Desde nuestra participación en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT junto al Observatorio Luz Ibarburu (OLI),  observamos y entendemos que es muy preocupante la situación con respecto a las causas judiciales de violaciones de derechos humanos cometidas durante el período del Terrorismo de Estado. Durante muchos años se viene dando un estancamiento que ha impedido  avanzar en los juicios a los responsables. Actualmente con la implementación de la Fiscalía de Derechos Humanos (un reclamo constante desde el Observatorio Luz Ibarburu) se ha logrado que algunas causas en las que no se había podido tener ninguna clase de avance se comiencen a mover. Un ejemplo de ello es la causa de Elena Quinteros sobre la que se ha logrado obtener algunos datos, que el Observatorio solicitó al Ministerio de Defensa (utilizando la ley de acceso a la información pública 18.381) sobre el apartamento dónde vivía Elena y que en la actualidad pertenece al ejército. Del informe proporcionado por el ministerio de defensa, el OLI entiende que surgen nuevos elementos que pueden aportar a esclarecer la desaparición de Quinteros.

A su vez otro caso que se ha movido es el de Óscar Fernández Mendieta, trabajador rural, asesinado el día 24 de mayo de 1972 (aún en democracia) en el Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 de Durazno, por pertenecer al Partido Comunista Revolucionario (PCR).

El Fiscal Perciballe pidió el procesamiento de cuatro militares por el homicidio de Fernández Mendieta: Daniel Blanco y Gustavo Mieres por un delito de “homicidio muy especialmente agravado en calidad de autores”. De Alberto Ballestrino también incurso prima facie en un delito de “homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor, en reiteración real con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos”; Líber Morinelli también incurso prima facie en “un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor, y en reiteración real con dos delitos de privación de libertad y dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”.

Podemos entender como señales positivas estos casos, que desde hace muchísimos años se vienen reclamando sin que se pudiera obtener una respuesta. Es importante que se unifique la información y se puedan cruzar datos de una causa con otra, ya que muchas veces puede surgir información en un caso que puede ser de importancia para esclarecer otros. Por lo tanto nos parece positivo que exista esta Fiscalía ya que esperamos pueda avanzar lo necesario pero esperamos que cuente con los recursos necesarios (tanto humanos como económicos) para que no se convierta en una simple cuestión “accesoria” que termine convirtiéndose en un adorno, sin poder ser operativa y lograr realmente lo que se necesita. Ya ha pasado que se crean organismos, comisiones, y otro tipo de cosas que luego no sirven para lo que supuestamente se crearon.

Por otra parte no podemos obviar que ha faltado voluntad política del Estado para garantizar que sus diferentes órganos (Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo) cumplan con los acuerdos internacionales con respecto a los delitos de lesa humanidad, ya que en el lento  avance hacia la verdad han ocurrido hechos muy graves que no se han investigado debidamente ni nadie ha sido procesado por los delitos cometidos en democracia. Nos referimos concretamente a situaciones denunciadas y ante las cuales el Estado una vez más ha sido omiso, como el robo al Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), ocurrido en 2016 en Facultad de Humanidades,  donde se robó información importante y confidencial sobre la investigación llevada adelante por el equipo, sobre la búsqueda de restos de los detenidos desaparecidos, que incluía búsquedas en predios militares.  En esa instancia se dejaron señales amenazantes a los investigadores queriendo intimidarlos para que no siguieran investigando. En esta línea de amenazas, en febrero de 2017 el autodenominado “Comando Barneix” (en recuerdo al militar que se suicidó en su casa cuando fueron a detenerlo por delitos cometidos en la dictadura) hizo pública una lista de 13 nombres de autoridades de gobierno, abogados querellantes en causas de violaciones de DDHH, militantes de DDHH, entre los que se encuentra el integrante del OLI, Pablo Chargoñia coordinador del equipo de abogados del observatorio, amenazando con asesinarlos. El mensaje decía “por cada nuevo procesamiento, serán asesinados tres personas de la lista”El Estado Uruguayo no tomó ninguna medida de protección para las personas que fueron  amenazadas, ni ha logrado saber quienes son los autores de las amenazas, simplemente se limitó a decir que no se habían podido saber quienes eran pero no siguió investigando. Ni proporcionó ninguna medida de protección a las personas amenazadas.

Sumado a esto en 2018  se dío el robo de herramientas y alteración de marcas en excavaciones de predios militares al equipo antropología en busca de restos de desaparecidos.

Éstos y otros hechos denotan la falta de investigación de amenazas que obstruyen la llegada a la verdad,  sumado al creciente retroceso en cuanto a las penas y la aplicación de las mismas, así como la negativa por parte de importantes figuras del Estado a proporcionar información y a que se investiguen predios donde hubieron personas detenidas en forma clandestina, víctimas de delitos de lesa humanidad. Nos referimos al ex-Ministro del Interior José Fernández Huidobro (Fallecido), incluso se hicieron declaraciones en defensa de militares acusados por asesinatos, en una triste y penosa señal de amparo a los responsables que no culminó en este hecho puntual ya que se ha autorizado salidas transitorias a los torturadores y asesinos, pretendiendo ser “justos y comprensivos”, alegando que se trata de personas mayores. Un ejemplo es el de José “Nino” Gavazzo, que obtuvo permiso primero para vivir en su casa, y luego para concurrir al cumpleaños de 15 de su nieta, pero finalmente varios militantes de DDHH se congregaron en la puerta de su casa y no se concretó dicha salida. En el mismo sentido se ha concedido prisión domiciliaria a varios de los que están cumpliendo  condena por violaciones a los Derechos Humanos, porque supuestamente padecen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas si están en una cárcel.

Por otra parte el Estado ha generado diferentes organismos que desde el ámbito internacional se interpretan como positivos y sin embargo no cumplen con la supuesta finalidad para la que han sido creados. Un claro ejemplo de ello son la Comisión para la Verdad y la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Poder Ejecutivo, entre otros. Este tipo de organismos no han servido para esclarecer los delitos cometidos, ni tampoco han brindado información que ayude a esclarecerlos.

Debemos dejar planteada la preocupación por la falta de compromiso real del Estado Uruguayo en querer aclarar y hacer que se juzgue a los agentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el período del Terrorismo de Estado, simplemente se ha limitado a cumplir algunos de los aspectos de la sentencia Gelman como ser la reparación a través de los sitios de memoria y la mal llamada Ley de Reparación que no es tal ya que tiene importantes carencias como para ser considerada reparatoria.

Debemos denunciar desde nuestro lugar la preocupante actitud del Estado Uruguayo al no concurrir a la audiencia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rendir cuentas sobre los reclamos presentados por el Observatorio Luz Ibarburu en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a las amenazas del “Comando Barneix” y el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.  Situación sobre la cual la CIDH expresó su preocupación por la ausencia del Estado Uruguayo. Posteriormente el Gobierno Uruguayo ofreció a la CIDH que Montevideo fuera sede de las audiencias de la CIDH, pero convenientemente la CIDH no recibe denuncias de los países en donde sesiona y ante el pedido del Observatorio, se concedió una entrevista de carácter privado donde expresamos las preocupaciones que tiene el OLI por las omisiones del Estado Uruguayo.

Estamos lejos aún de saber donde están todos nuestros desaparecidos,  de llegar a la verdad y de obtener justicia, los avances que se han obtenido están minados de retrocesos, denunciar la responsabilidad y la falta de compromiso real de los  gobiernos uruguayos y de sus actores, es responsabilidad de quienes seguimos teniendo MEMORIA.

Este domingo 20 de mayo decimos mucho en silencio, AFFUR marcha!

Por Verdad Memoria y Justicia

*Fuente de información:

Informe de DDHH de la Secretaría de DDHH período 2016-2017. Resoluciones del XI Congreso de AFFUR

Información del Ministerio de Defensa puede permitir el avance de la causa Elena Quinteros.

Observatorio Luz Ibarburu/  13 de abril de 2018

«Información del Ministerio de Defensa puede permitir el avance de la causa Elena Quinteros»

La Red21  /20 de abril de 2018

«Fiscal pide procesamiento con prisión de cuatro militares por un homicidio en 1972»