El miércoles 23 de julio, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) realizó un paro parcial con movilización en Montevideo en defensa del papel estratégico de las empresas

públicas. La convocatoria nucleó a los sindicatos de UTE, OSE, ANCAP, ANTEL y AFE, entre otros, con una clara consigna: no se trata solo de salarios o condiciones laborales, sino

del destino mismo del aparato productivo estatal.

Al principio de la marcha entrevistamos a Carlos Da Rosa (presidente de FFOSE), Johnny Saldivia (secretario general de AUTE) y Salvador Splovieri (presidente de FANCAP), en las mismas, revelaron la profundidad del conflicto. Lejos de centrarse en reclamos corporativos, los discursos trazaron una línea de análisis político sobre el papel de las empresas públicas en el desarrollo nacional, en momentos donde el modelo económico dominante las empuja hacia la fragmentación, el desmantelamiento o la privatización silenciosa.

Más que servicios: motores estratégicos del país

El presidente de FFOSE manifestó: “la concentración por el día de hoy es en defensa de las empresas públicas”. Da Rosa explicó que el reclamo central de los sindicatos gira en torno a la inversión, el ingreso de personal y la instalación de espacios reales de negociación. Pero el fondo es más estructural: “Es necesario que se tome en cuenta las empresas públicas, son motor de desarrollo, son motor de crecimiento y son motor de un país que quiere crecer, que quiere volver a salir adelante.”.

En países como Uruguay, sin una burguesía industrial fuerte ni una clase empresarial comprometida con la innovación, las empresas públicas cumplen un rol que en otras latitudes asumen sectores privados más dinámicos. Son el brazo operativo de la política de Estado: generan empleo de calidad, garantizan cobertura en todo el territorio y promueven cadenas productivas con valor agregado. Su debilitamiento —por acción u omisión— retroceso en la matriz productiva nacional.

Energía, rentismo y negocio privado

AUTE, el sindicato de UTE, denunció un proceso similar pero aún más peligroso. Su secretario general, Johnny Saldivia, explicó que hoy la lucha es por inversión, personal y, sobre todo, contra un modelo de privatización encubierta. “el decreto 242, un decreto que habilita a los grandes generadores y grandes consumidores a comercializar la energía entre ellos y llevar a UTE fuera del negocio de la energía eléctrica”, explicó.

La crítica de AUTE apunta al corazón del actual modelo económico: donde la lógica no es innovar ni producir, sino extraer valor de lo ya existente. El sector eléctrico uruguayo, históricamente desarrollado por el Estado con visión nacional, se convierte así en un campo de extracción de plusvalía para grandes conglomerados empresariales, con riesgo de encarecer el servicio para los usuarios y debilitar la planificación energética.

ANCAP y el rol Estratégico de las Empresas Publicas.

Desde FANCAP, Salvador Splovieri que para esta movilización tienen básicamente cuatro puntos: ingreso de personal, la inversión, la destercerización y el desarrollo de los entes del estado en un motor de desarrollo industrial y comercial del país. Agregó que por ahora “por ahora los lineamientos que va teniendo el Gobierno están lejos de colmar”.
Es por esto que la perspectiva de FANCAP `para este año es de lucha ya que están “con reclamos muy grandes a nivel presupuestal y ingreso de personal”

ANCAP, como empresa estatal, no solo refina combustibles. Participa en sectores industriales, químicos y logísticos, y tiene un potencial productivo que podría ser clave para una transición energética soberana.

Un país sin burguesía productiva necesita un Estado fuerte

En el fondo, lo que está en juego y se puso de manifiesto en la movilización del 23 de julio no es solo el futuro de las Empresas Públicas, sino el lugar que se le asigna al Estado en la economía, en una estructura nacional marcada por la dependencia y el subdesarrollo. Como señalaba Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” (1971), nuestras economías fueron moldeadas para exportar materias primas y consumir manufacturas, lo que dio lugar a una clase dominante más interesada en la renta que en la producción.

Uruguay no cuenta con una burguesía nacional que invierta sistemáticamente en industria, ciencia o tecnología. El sector privado hegemónico —la oligarquía tradicional, agroexportadora y financiera— ha lucrado históricamente a través de la propiedad de la tierra, la especulación financiera y los monopolios de servicios, no mediante la innovación ni la creación de valor agregado. La riqueza, en este modelo, no se construye, se extrae. Se concentra sin dinamizar.

Como advertía Galeano, esta lógica de “desarrollo hacia afuera” genera una “maldición de la abundancia”: países ricos en recursos, pero pobres en instituciones productivas, tecnología y soberanía económica. En ese contexto, las empresas públicas no son un lujo ni un obstáculo, como insiste el discurso neoliberal. Son una necesidad estructural: el único instrumento con capacidad de invertir a largo plazo, de llegar donde el mercado no llega, y de articular un proyecto nacional que no dependa del precio de la soja ni de la rentabilidad de los agronegocios.

Donde no hay una clase empresarial comprometida con el desarrollo, el Estado tiene que ocupar ese lugar. Y no cualquier Estado, sino uno democrático, eficiente, y al servicio del pueblo trabajador. Esa es la batalla que hoy dan los sindicatos de las empresas públicas: no solo por sus condiciones laborales, sino por el rumbo económico del país.

¿Y ahora qué?

La movilización de la MSCE fue clara: el movimiento sindical está dispuesto a dar la pelea por sus empresas. La presión se concentra ahora en dos fechas clave: el 30 de julio, cuando se espera una nueva instancia de diálogo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el 1º de agosto, con la reunión del Consejo Superior del Sector Público. Si no hay respuesta, los sindicatos ya manejan nuevas medidas de lucha.

El reloj corre, y lo que está en juego no es menor “Sin empresas públicas, no hay Uruguay productivo”.