Comunicado de AFFUR a toda la comunidad universitaria.
Montevideo, 17 de diciembre de 2020
El próximo Consejo Directivo Central que se realizará el martes 22 de diciembre del corriente tiene en su orden del día el tratamiento de una nueva ordenanza sobre violencia, acoso y discriminación.
Queremos expresar que este proyecto de ordenanza no fue consultado con AFFUR ni con UTHC, y que además consideramos que contiene un enorme recorte de derechos y garantías, dejando aún más vulnerables a las víctimas de acoso en la UDELAR.
La única gran “novedad” del proyecto de ordenanza es la ELMINACIÓN de la participación de los delegados sindicales en el estudio y el seguimiento de las denuncias de acoso.
El proyecto deja en manos de un equipo técnico todo lo atinente a las denuncias concretas, y excluye por completo la participación de los representantes sindicales, sin explicar por qué se hace esta discriminación en contra de los sindicatos. La propia ley de Acoso Sexual 18.561 establece que si el denunciante lo solicita, tiene derecho a que sus representantes sindicales participen en las investigaciones de las denuncias. Nos pregustamos: ¿Por qué se quiere excluir a los delegados sindicales?, ¿qué es lo que se quiere ocultar? ¿Cuál es la verdadera motivación para recortar un derecho consagrado, no solamente en leyes, sino también en convenios colectivos de otros organismos públicos, como por ejemplo el Ministerio de Educación y Cultura?
Respetamos y estamos a favor de la participación de equipos técnicos, en calidad de asesores, en los estudios de las denuncias. Pero sabemos que en las situaciones de acoso muchas veces existen enormes asimetrías en el ejercicio del poder entre los victimarios y las víctimas, existen en general fuertes intereses para que las cosas queden tapadas y se ejercen enormes presiones desde muchos lugares de poder. Y la experiencia nos indica que los equipos técnicos no son impermeables a estas presiones.
Aunque teóricamente se diga que los equipos técnicos poseen “autonomía técnica”, la experiencia concreta de nuestro trabajo sindical en la Comisión de Acoso es que no podemos confiar en que sean 100% imparciales en muchas ocasiones, sobre todo cuando se afectan intereses de actores que poseen mucho poder dentro de la institución. El otro gran problema que existe es con el seguimiento de los casos: los equipos técnicos pueden hacer recomendaciones a los servicios, ¿pero quién controla su efectivo cumplimiento? Con la nueva ordenanza propuesta los sindicatos quedan totalmente por fuera porque ni siquiera se enteran de las recomendaciones que se realizan.
De hecho hemos tenido serias diferencias con la actuación de la actual dirección técnica del equipo, cuya actuación no nos ofrece las debidas garantías.
Finalmente, queremos señalar que la participación de AFFUR y UTHC en el proyecto de ordenanza queda reducida a integrar una Comisión Central de Acoso que solamente tendrá funciones de asesoramiento, en políticas generales, al CDC, pero sin ninguna participación en el estudio y seguimiento de las denuncias concretas.
Solicitamos la ayuda a todos los colectivos universitarios para que el CDC no consagre esta radical pérdida de derechos que se está proponiendo, y que se pueda entablar una instancia de negociación con AFFUR y UTHC, por lo menos para las denuncias de los funcionarios no docentes que expresamente soliciten que sus representantes sindicales estén presentes en el proceso de estudio de sus denuncias, como está consagrado en la ley y en varios convenios colectivos de diversos organismos públicos y privados.
Consideramos totalmente contradictorio que la UDELAR pretenda fundar una ordenanza que supuestamente combate la discriminación, a partir de la marginación de los representantes de los colectivos no docentes.
AFFUR-PIT-CNT
